Es un procedimiento regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al que acudirá aquel que pretenda de otro el pago de una deuda de cualquier importe, líquida, vencida y exigible mediante cualquiera de las siguientes formas: documentos cualquiera que sea su forma en el que conste la firma, sello, marca, o señal física o electrónica del deudor, o bien a través facturas, albaranes, certificaciones, telegramas, telefax u otros documentos que acrediten las relación entre el acreedor y el deudor.